La ley okupa vigente ha generado un intenso debate en España. En su momento, se han llegado a introducir cambios significativos en cuanto a los desalojos y las ocupaciones ilegales de viviendas.

Eso sí, en este año, el Congreso de los Diputados admitió a trámite la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal procedente del Senado. No obstante, esta nueva propuesta está parada.

Por todo ello, en este artículo vamos a ver las particularidades de la vigente ley okupa, así como los aspectos de la nueva ley que está parada ¡Comenzamos!

Regulación de la okupación en la nueva legislación

Definición de okupación y sus implicaciones legales

La nueva legislación contempla una definición clara y precisa de lo que se considera okupación. Se establece que la okupación se refiere a la ocupación ilegal de un inmueble deshabitado sin el consentimiento del propietario. Esta acción constituye un delito de usurpación de la vivienda, sujeto a las consecuencias legales correspondientes.

Las implicaciones legales de la okupación son relevantes tanto para los propietarios como para los ocupantes. Los propietarios tienen el derecho de proteger su propiedad y buscar el desalojo de manera legal, mientras que los ocupantes deben enfrentar las consecuencias de su acción ilícita.

Responsabilidad frente a la okupación en casos de vulnerabilidad

La nueva legislación también considera situaciones específicas de vulnerabilidad en las que se encuentran los ocupantes. En estos casos, se plantea la responsabilidad de encontrar una solución habitacional para los ocupantes en situación de dependencia acreditada legalmente.

En estas circunstancias, la responsabilidad de proporcionar una solución habitacional recae en la comunidad autónoma correspondiente. La ley establece que el delito de usurpación de vivienda solo se considerará como tal cuando el ocupante no tiene opciones viables y acreditadas para acceder a una vivienda.

Es importante destacar que la ley busca proteger a aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y dependencia, pero al mismo tiempo garantizar el respeto a los derechos de propiedad de los propietarios.

Aspectos relevantes para propietarios y ocupantes

Requisitos para desahucios de grandes tenedores

La nueva legislación sobre la okupación establece requisitos específicos para los desahucios de grandes tenedores.

En aquellos casos en los que el propietario sea considerado como tal, es decir, una entidad o persona natural que posea un gran número de viviendas, se exige seguir un procedimiento de conciliación o intermediación antes de proceder al desalojo.

Esto implica que el propietario debe demostrar que ha acudido a los servicios sociales en materia de vivienda, explorar las ayudas y subvenciones disponibles, y buscar soluciones que eviten el desalojo forzoso.

Flexibilización de lanzamientos y desalojos

La nueva normativa también ha introducido cambios en los lanzamientos y desalojos, con el objetivo de garantizar una mayor seguridad en el procedimiento.

Ahora se establece que los desalojos deben tener una fecha y hora exacta, lo cual impide que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado actúen por sorpresa. Esto brinda un mayor margen de tiempo tanto a los propietarios como a los ocupantes para prepararse y coordinar las acciones necesarias.

Aspectos destacados de la nueva ley para echar okupas

Como hemos comentado, en febrero de 2024 se aprobó la toma en consideración de la ley para echar okupas en 24 horas. Con esta norma se busca defender los derechos del propietario, además de cohibir estas actitudes a través de castigos más fuertes.

Así, la propuesta incluye ampliar a 3 años de cárcel en caso de okupación con violencia, en lugar de los 2 años actuales. En caso de okupación sin violencia la pena aumentar de entre 6 a 18 meses, en lugar de los 3 a 6 años actuales.

Esta ley permitiría echar al okupa en 24 horas, dando este lapso de tiempo al ocupante a demostrar que tiene autorización para estar en el inmueble. Si no puede acreditar su ocupación, la autoridad pública podrá echar al okupa.

Otro objetivo es proteger a las comunidades de propietarios que tienen inmuebles ocupados ilegalmente, otorgándoles la capacidad de denunciar conductas perjudiciales para la finca ante las autoridades. Además, podrán solicitar al propietario de la vivienda que implemente medidas preventivas, como el tapiado de puertas y ventanas, para evitar futuras ocupaciones.

En caso de que los ocupantes ilegales lleven a cabo actividades prohibidas, se contempla la posibilidad de un desalojo inmediato, lo cual garantiza una respuesta rápida y efectiva ante situaciones que ponen en riesgo la convivencia y la seguridad de la comunidad.

Por último, el texto propone que la Administración reembolse al propietario de la vivienda ocupada los impuestos pagados por el inmueble, como el IBI y el Impuesto de Patrimonio. Esta medida busca aliviar la carga financiera de los propietarios afectados por la ocupación ilegal de sus propiedades.

El problema con esta ley es que ha habido una continua ampliación del periodo para presentar enmiendas. Lamentablemente, este bloqueo puede durar años. Estamos al tanto de las novedades legislativas en materia de ocupación, por lo que os informaremos ante cualquier novedad.

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Aunque hayan buenas intenciones en las últimas propuestas de ley, el problema de la okupación sigue siendo muy grave, por lo que es necesario valerse de profesionales del sector para resolver esta problemática.

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