La okupación es un fenómeno social que ha generado un intenso debate en España y otros países europeos en los últimos años. En su núcleo, esta problemática se centra en la tensión entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda, que se manifiesta de forma cruda cuando se ocupa ilegalmente un bien inmueble.

Aunque pueda parecer sorprendente, los derechos de los okupas están protegidos bajo ciertas circunstancias, lo cual genera varias preocupaciones para los propietarios de viviendas.

En este artículo, como empresa experta en desocupación, analizamos en profundidad los derechos de los okupas y sus implicaciones legales ¡Sigue leyendo!

Derechos que adquieren los okupas

Cuando una persona o grupo decide ocupar una vivienda sin el consentimiento del propietario, pueden llegar a adquirir ciertos derechos, según las circunstancias específicas.

Derecho a no ser desalojado sin una orden judicial

Uno de los derechos del okupa más importantes es el de no ser desalojado sin una orden judicial. Esto significa que, aunque un propietario descubra que su vivienda ha sido ocupada, no puede forzar la entrada y desalojar a los ocupantes por su cuenta.

Este derecho se basa en la necesidad de un procedimiento legal justo, donde se determina la legitimidad de la ocupación y se protegen tanto los derechos de la propiedad como los de los ocupantes.

En la práctica, esto se traduce en que, una vez que los okupas han establecido una residencia, el desalojo sólo se puede llevar a cabo con la intervención de un juez.

Derecho a considerar la vivienda como morada

En algunas circunstancias, una vivienda ocupada se considera como la morada de los okupas, lo que les otorga una protección adicional bajo la ley. Esto se relaciona con el concepto de inviolabilidad del domicilio, un principio básico en muchos sistemas legales, incluido el español.

La consideración de una vivienda como morada implica que los okupas pueden disfrutar de privacidad y protección contra intervenciones arbitrarias. Esta protección, sin embargo, depende del tiempo que lleven en el inmueble y de la capacidad de demostrar que la ocupación tiene la intención de ser permanente o, al menos, de larga duración.

Derecho a que no se les corte el suministro de servicios básicos

Otro derecho de un okupa es el acceso a los servicios básicos como el agua, la electricidad y el gas. Aunque parezca contradictorio, la ley protege a los ocupantes contra el corte de estos suministros, bajo el argumento de que se trata de servicios básicos para la dignidad humana.

Esto significa que el propietario no debe tomar medidas unilaterales para cortar los servicios como una forma de coaccionar a los okupas para que abandonen su casa.

La mayoría de propietarios ven esta medida como una manera de perpetuar la ocupación ilegal. No obstante, los defensores de los derechos de los ocupas argumentan que cortar los suministros es una violación de los derechos humanos básicos, independientemente de la legalidad de este fenómeno.

Derecho a que el propietario no fuerce la puerta

El último derecho relevante es el que impide a los dueños forzar la entrada a la vivienda ocupada. Esto está relacionado con el principio de inviolabilidad del dominio, lo que significa que cualquier intento por parte del propietario de recuperar la posesión del hogar a través de la fuerza es considerado un acto ilegal, susceptible de llevar responsabilidades penales o civiles.

Para los propietarios, esto crea una situación en la que cualquier acción directa de desalojo, como cambiar cerraduras o romper ventanas es contraproducente, pues resulta en sanciones legales.

Problemas y desafíos para los propietarios

El reconocimiento de ciertos derechos de okupas plantea varios problemas para los dueños. Estos desafíos van desde dificultades para recuperar la casa hasta riesgos legales si deciden tomar acciones por tu cuenta.

Dificultades en el desalojo de okupas

Una vez que los okupas han establecido su presencia en la propiedad, la única forma legal de proceder es a través de una orden judicial. Este procedimiento es lento, sobre todo si los okupas demuestran que la vivienda es su residencia habitual.

También, en algunos casos los jueces conceden prórrogas o suspensiones del desalojo si los okupas argumentan que no tienen otro lugar donde ir o si hay menos de edad involucrados.

Esta situación deja a los propietarios en una posición difícil, ya que están obligados a soportar la ocupación durante un período prolongado, con todos los costos que ello conlleva.

Riesgos legales al tomar medidas directas

Algunos propietarios, frustrados por la lentitud del sistema judicial, se sienten tentados a tomar medidas directas. Esta opción está cargada de riesgos legales. Como se mencionó anteriormente, acciones como forzar la puerta, cortar los suministros o intentar desalojar físicamente sin una orden judicial, resulta en cargos por allanamiento de morada o coacción.

Estos riesgos legales derivan en sanciones económicas o penales, que hacen que la resolución del problema sea aún más costosa.

Medidas legales para desalojar okupas

Dado que los derechos de los okupas están protegidos, es decisivo que los propietarios entiendan las medidas legales disponibles para recuperar su hogar.

Importancia de obtener una orden judicial

El primer paso y quizás el más importante es obtener una orden judicial que autorice el desalojo. Esta orden se obtiene presentando una demanda de desahucio ante un juez, quien evaluará el caso y decidirá si procede el desalojo.

Durante este proceso, te recomendamos presentar todas las pruebas necesarias que demuestren la titularidad de la vivienda y la ocupación ilegal por parte de los inquilinos indeseados.

Una vez obtenida la orden, el desalojo se llevará a cabo con la intervención de las autoridades, lo que asegura que se cumpla la ley y se minimicen los riesgos de enfrentamientos o conflictos.

Medidas cautelares y su efectividad

En algunos casos, los propietarios pueden solicitar medidas cautelares para proteger su vivienda mientras se lleva a cabo el proceso judicial. Estas medidas incluyen la prohibición de que los okupas realicen modificaciones en el inmueble o que introduzcan nuevos ocupantes.

Aunque no siempre se conceden, las medidas cautelares son efectivas para limitar el daño y acelerar el proceso de evacuación.

Contexto legal y social de la okupación

El fenómeno de la ocupación no se puede entender completamente sin considerar el contexto legal y social en el que se produce.

Este contexto incluye la función social de la propiedad, las recientes reformas legales y cómo se compara la situación en España con la de otros países.

Función social de la propiedad

La función social de la propiedad es un principio que se encuentra en la base de un gran número de legislaciones, incluido el derecho español. Este principio sostiene que la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que debe cumplir con una función social.

En la okupación, se usa para argumentar que las viviendas vacías durante largos períodos deben ser utilizadas para cubrir necesidades sociales, como la falta de hogar.

Este argumento es un pilar de la defensa de los derechos de los okupas, ya que se considera que la ocupación de una propiedad es una forma legítima de cubrir una necesidad básica, especialmente en un contexto de crisis económica.

Impacto de la Ley 12/2023 en los desalojos

La Ley 12/2023, también conocida como Ley por el Derecho a la Vivienda, es una legislación aprobada en España que tiene como objetivo regular el acceso a la vivienda y proteger a los inquilinos, así como a las personas en situación de vulnerabilidad.

Esta ley introduce medidas para garantizar el derecho a la vivienda, al mismo tiempo que busca equilibrar los derechos de los propietarios y los okupas.

En cuanto a los desalojos, la Ley 12/2023 permite que los desalojos se lleven a cabo en plazos más breves, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos legales, y refuerza la necesidad de una orden judicial. También, incorpora mecanismos de mediación para intentar resolver las situaciones antes de llegar a situaciones forzosas.

Comparación con regulaciones en otros países

Para entender mejor cómo se posiciona España en el contexto de la ocupación, queremos compartirte información de algunos paises cercanos:

• Reino Unido: es un delito desde 2012. La policía desaloja a los inquilinos sin necesidad de una orden judicial, y los infractores se enfrentan a penas de hasta seis meses de prisión.
• Francia: si se detecta dentro de las primeras 48 horas, el desalojo se realiza rápidamente. Después de este plazo, es necesario un proceso judicial.
• Alemania: se considera un delito penal. La policía desaloja a los okupas de manera rápida.
• Italia: es ilegal, pero al igual que en España, el desahucio es un proceso largo y burocrático.
• Países Bajos: la ocupación fue criminalizada en 2010. La ley permite desalojos rápidos y prevé penas de prisión de hasta un año, o dos en casos agravados.

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