Hasta los momentos, el Real Ley-Decreto anti desahucios establecía que el desalojo de una vivienda podía realizarse siempre y cuando la permanencia en ella, por parte de okupas, fuera producto de un delito. Sin embargo, la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 ha producido ciertos matices y cambios en la ley del okupa.  A continuación, te explicaremos cuáles son, así como sus implicaciones políticas. 

Cambios en la legislación 

A raíz del estado de alarma creado el Covid-19, el asunto de los okupas y su ley ha sufrido modificaciones. El Real Decreto Ley 1/2021 ahora expone que no pueden realizarse desalojos mientras el país esté en situación de emergencia, concretamente, hasta mayo. Éste y otros cambios fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado. 

De esta forma, los desahucios se han detenido para aquellos okupas que se encuentren en una delicada situación económica y que no tengan donde vivir. En términos prácticos, esta variación en la ley de okupas significa que no se podrá desalojar a un okupa, siempre y cuando un juez esté seguro que esta persona no tiene a dónde ir, a pesar de que éste hubiera incurrido en un delito. 

En esta nueva ley de okupas, se ha reformado el artículo 7 del Real Decreto Ley, el cual establecía que toda permanencia u ocupación de una propiedad sin la debida autorización del dueño es vista como un delito. No obstante, hoy en día se ha producido una variación al respecto; el desalojo podrá ejecutarse cuando la “invasión” de la morada se haya realizado a través de amenazas y/o agresiones. 

Razones argumentadas a estos cambios  

Según declaraciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, esta ley de okupas en España está presentado matices, porque en muchas situaciones de desalojo menores de edad y personas que han sufrido de abuso están involucradas, e igualmente hay que ofrecerles algún tipo de protección. 

Si se sigue la ley contra okupas sin ningún tipo de flexibilización, no se estaría resguardando al ciudadano en situación vulnerable, pues toda estadía en un inmueble sin autorización del propietario es un crimen. En todo caso, el juez es el último en decidir si se prosigue con el desalojo o no, después de haber analizado las declaraciones de los servicios sociales para saber si hay alguna persona en situación de riesgo involucrada. 

Por otro lado, la ley del okupa ha contado con el apoyo del sector político, como el partido de izquierda Podemos, el cual desea agregar en la nueva ley de vivienda una restricción a los desahucios al no tener los okupas sitio para vivir, así como al retiro de los servicios básicos por parte de los dueños del inmueble. 

Este partido argumenta que está buscando amparar a una parte sin recursos de la sociedad con este matiz en la ley de los okupas, sobre todo cuando hay millones de propiedades deshabitadas en el país. Por lo tanto, es inaceptable dejar a una persona sin hogar, tomando en cuenta la crisis ocasionada por la pandemia. 

La nueva ley anti okupas 

Así como el gobierno busca brindar  apoyo con una ley que protege al okupa, siempre es bueno darle un vistazo a la otra cara de la moneda. El partido liberal conservador llamado Popular o PP ha colocado sobre la palestra una nueva ley anti okupas, cuyo objetivo es impedir que los ayuntamientos protejan a las personas que habiten ilegalmente en propiedades que no le pertenecen, instaurar penas de cárcel y salvaguardar los derechos de los dueños afectados. 

Esta pretensión de una nueva ley anti okupa del partido Podemos ha suscitado un acalorado debate en el Congreso, donde los partidarios del presidente Pedro Sánchez la han rechazado por completo, por considerarla como una manera de tratar como “criminales” a los pobres. 

Nuestras consideraciones  

Nosotros como empresa de desahucios exprés comprendemos el contexto de crisis que estamos viviendo. Sin embargo, la solución recae en buscar soluciones habitaciones a personas en contextos vulnerables, algo que debería estar contemplado en alguna ley con referencia al okupa. Por tanto, la ocupación debe ser gestionada con una problemática social grave o delito donde la buena convivencia vecinal se ve afectada.