Desde el inicio del Estado de Alarma, en marzo del 2020, el gobierno suspendió los desahucios de inquilinos que estuvieran en una situación vulnerable. Este dictamen fue establecido hasta mayo del 2021 y fue alargado hasta finales de febrero del 2022. Dicha normativa provocará pérdidas y morosidades que se calculan en millones de euros. A continuación, te daremos todos los pormenores al respecto como empresa de desokupación en España. 

Una situación alarmante 

Según cálculos elaborados por la Agencia Negociadora del Alquiler, tomando en cuenta los datos por impago de alquiler que brinda el Consejo General  del Poder  Judicial y el precio promedio de la renta en nuestro país (674 euros), los propietarios de pisos de alquiler han estado enfrentado una pérdida de 9.000 euros o hasta más debido a la suspensión de los desahucios dictaminada por el Gobierno. 

La primera cesación de los lanzamientos para hogares sin una opción habitacional  y desahucios fue con el Real Decreto del 31 de marzo, y, desde entonces muchos arrendadores de viviendas no han podido cobrar sus rentas debidamente. Además, cuando estos tomen posesión de su vivienda nuevamente, esta puede presentar detalles y deudas en cuanto a los servicios, incrementando sustancialmente el monto indicado arriba. 

Cifras de morosidad a tomar en cuenta 

Debido a los reglamentos adoptados por el Gobierno, no se han hecho efectivos alrededor de 14.062 lanzamientos de arrendadores que no han recibido el pago de la renta de alquiler. Se estima que existe un volumen promedio de morosidad de 132.689.032 euros. 

Desde SERVI-OKUPAS, nos parece importante y entendemos que el Gobierno quiera proteger a las familias e inquilinos en situación de vulnerabilidad, pero ¿dónde quedan los derechos de los propietarios? Muchos de ellos son personas que han sido despedidas de sus puestos de trabajo y el arrendamiento de pisos era su fuente de ingresos. Por ende, nos hallamos ante una situación de mucha incertidumbre. 

¿Dónde queda el derecho de uso? 

Desde que empezó la pandemia, se han paralizado varias veces los desahucios de manera obligatoria, lo cual colocaría un límite, temporal, del derecho de dominio que posee el propietario sobre su vivienda y su ganancia. Por lo tanto, el Gobierno tiene que apoyar de alguna forma a los propietarios, sobre todo en caso de aquellos que sean particulares, pues pudieran estar también en un escenario difícil. 

Normativas que velen por la seguridad jurídica 

En nuestro país, desde el año 2019, el Gobierno ha enfocado su atención solo a los arrendatarios, en materia legal. Lo anterior no solo generó un  vacío legal, sino problemas en el mercado de alquileres en España. Por lo tanto, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ha estado exigiendo normas equitativas y justas para ambas partes; tanto para inquilinos como para propietarios. 

Asimismo, solicitan subsidios directos que ayuden a la población a encarar esta problemática sin tener que endeudarse tanto, subvenciones que sí existen en otros países de la región. Así pues, todo este marco no resultará atractivo para inversores, tanto internacionales como nacionales, pues no otorga confianza por su constante variabilidad y una evidente inclinación hacia una de las partes. 

Si esto termina sucediendo, los inversores preferirán invertir en países que les ofrezcan mejores garantías, lo cual provocará una disminución en la oferta de alquileres, con el esperado incremento de precios. 

Prórroga en los desahucios y compensaciones económicas 

Sin lugar a dudas, el Gobierno ha tenido que sopesar un poco este panorama, pues el Consejo de Ministros amplió hasta finales de febrero de 2022 la prohibición de los desahucios y suspensiones de contratos de alquiler, el llamado “escudo social”. 

Sin embargo, no se ha olvidado de los titulares de viviendas que han visto su situación comprometida, pues estos tendrán la posibilidad de pedir una compensación, la cual puede ser solicitada solo una vez, según lo explicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Dicha petición cuenta con un plazo de hasta el 31 de marzo del 2022 para ser realizada. 

Igualmente, se puede requerir una extensión del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo de tiempo máximo de 6 meses. Desde  SERVI-OKUPAS, como empresa de desokupación, defendemos los derechos de los arrendadores de viviendas y nos parece más que justo que reciban una indemnización. 

Sin embargo, nuestro grupo de profesionales es experto en mediar y llegar a acuerdos con inquilinos morosos de la forma más amistosa y rápida posible. Si presentas algún problema de este tipo, nuestro equipo de trabajo estará encantado de atender tu caso y devolverte tu propiedad.