El Gobierno tiene planeado aprobar una extensión de los lineamientos que impedían el desahucio de familias en situaciones de vulnerabilidad hasta  el mes de octubre. A continuación veremos las implicaciones de esta decisión, en un contexto donde las okupaciones e inquilinos morosos no hacen sino aumentar. 

Conoce a profundidad esta normativa 

Según han informado fuentes del Gobierno, se quieren extender hasta octubre las medidas que complican  el desalojo de familias necesitadas, debido a los efectos económicos provocados por la pandemia, los cuales aún están presentes. Esto sucede tras una reunión entre la facción socialista del Gobierno y de Unidas Podemos; no obstante aún no está claro si la interdicción del corte de suministros se mantendrá. 

Entremos un poco en contexto: luego de un tiempo de que la covid llegará a nuestro país y como una directriz ante la debacle económica que vendría a consecuencia de la pandemia, el Gobierno lanzó un grupo de medidas para proteger a las personas de bajos recursos. Por tanto, un juez no tendría potestad de echar a un inquilino si esté podía evidenciar que no disponía de fondos para cancelar la renta a causa de esta situación. 

Después de distintos encuentros entre los partidos políticos izquierdistas PSOE y Podemos, se presentó un decreto en 2020 y una modificación de este a comienzos del 2021, lo cual dio lugar a la ley que tenemos hoy en día. 

Algo que no podemos olvidar mencionar es que el juez está en capacidad de pedirle a los servicios sociales que evalúen las circunstancias del arrendatario, con la finalidad ser lo más objetivos en un proceso tan delicado. Si la vulnerabilidad es verificada, el procedimiento de lanzamiento es paralizado, momentáneamente. 

Ahora bien, el arrendador pudiera alegar también encontrarse en un estado de emergencia económica, pues en algunos casos, el alquiler de viviendas es su medio de subsistencia. Por ende, el Gobierno ha permitido brindarle una indemnización a los propietarios vulnerables y también a aquellos que deben aguantar más de tres meses a que este proceso legal se haga efectivo, pues aún no se ha encontrado una opción habitacional al inquilino. 

Por otro lado, esta norma se aplicará en viviendas donde residan personas dependientes, menores de edad o víctimas de violencia de género. Y en todo este marco legal, quedan excluidas las segundas y primeras propiedades o cuando se conjetura que se está llevando a cabo algún tipo de ilegalidad dentro del inmueble. 

Final de algunas moratorias 

Todas estas premisas estarán en ejecución hasta el mes de octubre. Igualmente, esto significa extender el período para solicitar los resarcimientos hasta finales de este mes y asociarlos con el nuevo plan estatal de vivienda, comprendiendo desde este año hasta el 2025. Para el mes de septiembre, se espera tener lista y aprobada esta ley, la cual tendrá un procedimiento estable para lidiar con los desalojos. 

Lo que sí no estará vigente desde el 28 de febrero son dos estatutos que el Gobierno había creado, al comienzo de la crisis de la pandemia, para mitigar la coyuntura. Primeramente, existía una prórroga extraordinaria de contratos, con la cual los inquilinos podían pedir quedarse 6 meses más en el inmueble, en las condiciones que el contrato dictase. A partir de comienzos de marzo, esa alternativa ya no tendrá validez. 

De igual forma, el retraso de los pagos de alquileres tampoco tendrá cabida. Anterior a esto, se le obligaba al dueño a bajar el precio del arrendamiento en un 50% en un lapso de 4 meses o cancelar el cobro del mismo, para posteriormente reponer ese dinero distribuyéndolo en las mensualidades futuras. Debido a que estas normativas fueron impuestas en los momentos más fuertes de la emergencia sanitaria, ya no es necesario mantenerlas. 

De cualquier modo, en SERVI-OKUPAS somos expertos en negociar de manera amigable con inquilinos en estado de morosidad. Contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales en el área civil, mercantil y penal a tu servicio.